Derecho penal del enemigo y corrupción en México: necesidad de elevar a categoría de delincuencia organizada algunos delitos de corrupción

Abstract

El combate a la corrupción ha sido uno de los discursos básicos en la agenda de las políticas públicas y se ha convertido en uno de los principales desafíos para los gobiernos y sociedades del orbe global, debido a su proliferación en todas las naciones y que ha dado pauta a la unión de esfuerzos para signar instrumentos jurídicos internacionales para hacerle frente. Pareciera que, en México uno de los países con las peores calificaciones en materia de corrupción evaluados por organismos internacionales, no tomen las consideraciones legislativas pertinentes a efecto de poder luchar contra este fenómeno delictivo y con ello existan sujetos que se enriquecen del erario público, trafiquen influencias y realicen conductas desleales que dañan el servicio público quedando impunes por el actual diseño normativo e institucional de los procedimientos anticorrupción y por la voluntad política del ejercicio del poder para combatir el fenómeno delictivo. Lo anterior, despierta la inquietud de estudiar el fenómeno delictivo de corrupción a través de un régimen jurídico de excepción, por lo cual al seleccionar el tema de estudio se planteó la hipótesis: México requiere de un cambio en el tratamiento dogmático y procesal para los delitos de corrupción, elevándolos a categoría de delincuencia organizada, analizando que esto es viable, toda vez que instrumentos jurídicos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción permiten realizar su materialización.